Pasaron aproximadamente 18 años desde que el empresario venezolano Antonini Wilson ingresó a Argentina una maleta con casi 800.000 dólares sin declarar, un caso que resultó en la condena por contrabando del exfuncionario kirchnerista Claudio Uberti. Ahora, un nuevo escándalo, conocido como otro “valijagate”, ha surgido, esta vez involucrando al libertario Javier Milei.
La situación se desarrolló el 26 de febrero en el Aeroparque Jorge Newbery de la Ciudad de Buenos Aires, donde cámaras de seguridad registraron a una mujer que llegaba desde Miami con maletas que eludieron el escáner de seguridad. Los fiscales han analizado el incidente, que incluye la falta de respuesta de funcionarios a solicitudes de información y un avión privado que permaneció sin vigilancia en un hangar durante una semana.
Una figura central en este caso es Laura Belén Arrieta, quien está vinculada a la Conferencia Política de Acción Conservadora (CPAC) y al comité organizador, y tiene conexiones con el presidente Javier Milei y su círculo político, como lo demuestran fotografías tomadas el año pasado.
Según información reconstruida por el diario La Nación, Arrieta, de 32 años, ha trabajado en dos aerolíneas y ha recibido formación en cursos de tripulación de aviación ejecutiva. Recientemente, figuraba como empleada de OCP Tech, una empresa especializada en soluciones tecnológicas con presencia en Argentina y Miami, así como de COC Global Enterprise, una compañía de alta tecnología liderada por el empresario Leonardo Scatturice.
Scatturice es el actual propietario de la aerolínea de bajo costo Flybondi y es señalado como exagente de la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE). Se le considera un nexo entre Milei y el entorno del expresidente estadounidense Donald Trump.
La Procuraduría de Investigaciones Administrativas de Argentina (PIA), bajo la dirección del fiscal Sergio Rodríguez, ha identificado al menos diez irregularidades en el vuelo que aterrizó en Aeroparque el 26 de febrero. Un dato destacado en el expediente es que las maletas que fueron bajadas no coinciden con las que fueron declaradas, y varias de ellas no fueron escaneadas, según un dictamen de 50 páginas que incluye fotografías y testimonios.
Este informe, que también fue enviado al Congreso tras un pedido de la opositora Coalición Cívica, podría complicar a varios funcionarios por presunta violación de los controles aeroportuarios y aduaneros, en un contexto de un gobierno que promueve la transparencia.
El presidente Milei ha calificado el caso como un “disparate” y ha negado cualquier vínculo con Arrieta y con Scatturice, el propietario del avión en cuestión. En una entrevista en radio El Observador, afirmó: “Conozco el nombre, pero si pasa por acá no sé ni quién es”.
En relación al caso de las valijas que evitaron los controles de la Aduana, Milei consideró que “buscar una irregularidad es un disparate”, aunque también anunció que se iniciaría una causa penal para investigar el asunto.
El 11 de marzo, el vocero presidencial Manuel Adorni declaró en una conferencia de prensa que todo se había realizado “según protocolo” y justificó la situación al afirmar que Arrieta era una “pasajera en tránsito”. Sin embargo, los registros obtenidos por la PIA contradicen esta afirmación, ya que el avión llegó con diez piezas de equipaje, mientras que solo se informaron cinco.
Imágenes publicadas por el canal TN mostraron a Arrieta y a dos colaboradores bajando más maletas de las que se habían declarado originalmente. La investigación judicial ha revelado inconsistencias en los datos migratorios y dudas sobre el aeropuerto de origen en Florida, así como la falta de seguimiento formal durante la semana que el avión permaneció en el hangar de Royal Class, la empresa que gestiona vuelos VIP.
Las sospechas más graves del dictamen judicial apuntan a una posible orden política no oficializada que habría flexibilizado los controles en el aeropuerto exclusivamente para ese vuelo relacionado con la CPAC. Las hipótesis sobre el motivo de esta flexibilización varían, desde un operativo diplomático hasta la posibilidad de que se transportaran maletas con hardware para tareas de inteligencia.
La PIA también ha solicitado la identificación de la agente aduanera que permitió el paso sin inspección y ha pedido determinar el recorrido de al menos cinco camionetas blancas que se acercaron al avión entre su aterrizaje y su almacenamiento en el hangar.
La empresa OCP Tech ha negado las acusaciones relacionadas con el “valijagate”, afirmando que “la aeronave, la tripulación y la pasajera cumplieron con todos los controles establecidos en su ingreso al país”. Aseguraron que transportaban cuatro valijas y cuatro maletas de cabina, además de dos paquetes menores, y que cada participante tenía una valija y un carry-on.
La empresa también defendió que el avión permaneció cerrado con llave en un hangar videovigilado durante una semana y que no hubo pasajeros no registrados. Sin embargo, las contradicciones con el material de la fiscalía están ahora en manos de la Justicia. Aunque aún no hay imputados, el caso ha generado tensión interna en el oficialismo, a pocas semanas de iniciar la campaña electoral.