Una jueza federal de Estados Unidos ha bloqueado temporalmente las deportaciones rápidas de inmigrantes indocumentados implementadas por el Gobierno de Donald Trump, respaldando a grupos de derechos civiles que argumentan que esta política infringe el debido proceso legal.
En enero, el expresidente Donald Trump reactivó la política de “expulsión inmediata” de inmigrantes, una estrategia que ya había sido utilizada durante su primer mandato (2017-2021). Esta política permite la deportación rápida de indocumentados que no puedan demostrar que han residido en el país durante dos años o más, sin la necesidad de una audiencia previa.
La jueza Jia Cobb, del tribunal de Washington D.C., emitió un fallo en el que critica esta medida, que es un componente central de la campaña de deportaciones masivas prometida por Trump. En su dictamen, Cobb señala que la política “prioriza la rapidez” y advierte que “llevará inevitablemente al Gobierno a deportar a personas por error a través de este proceso truncado”.
La política de deportaciones rápidas fue objeto de una denuncia por parte de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), una de las principales organizaciones no gubernamentales defensoras de los derechos de los inmigrantes en Estados Unidos. La ACLU, en colaboración con la organización proinmigrante Make The Road New York, solicitó que se bloqueara la implementación de esta política, y la jueza accedió a su petición.
En su dictamen de 48 páginas, publicado el viernes por la noche, la jueza Cobb no cuestiona la constitucionalidad de la política original de deportaciones rápidas, que ha sido utilizada durante mucho tiempo para deportar a inmigrantes que se encuentran cerca de la frontera sur y que han estado en el país por pocos días. Sin embargo, sí critica la expansión de esta política.
Cobb argumenta que “al aplicar el estatuto a un enorme grupo de personas que viven en el interior del país y que no han estado sujetas previamente a una deportación rápida, el Gobierno debe garantizar un debido proceso”, tal como se indica en el documento.
La denuncia presentada sostiene que esta medida viola la Quinta Enmienda, que garantiza el derecho a un proceso legal justo, así como las leyes de Inmigración y Nacionalidad y de Procedimiento Administrativo.
Además, Cobb menciona que “al defender este escaso proceso, el Gobierno hace un argumento verdaderamente sorprendente: que aquellos que ingresaron ilegalmente en el país no tienen derecho a un proceso bajo la Quinta Enmienda, sino que deben aceptar cualquier gracia que les dé el Congreso”. La jueza concluye que “si eso fuera correcto, no solo los no ciudadanos, todos estaríamos en riesgo”.