Un joven de 22 años, identificado como Michael Pino, ha denunciado haber sido víctima de violencia y abuso por parte de Carabineros tras una serie de incidentes en su lugar de trabajo en Puerto Montt, región de Los Lagos. Michael, quien tiene un diagnóstico de Trastorno del Espectro Autista y déficit intelectual moderado, asegura que fue amenazado y torturado durante su detención.
El 16 de septiembre, la pesquera en la que trabaja celebraba la antesala de las Fiestas Patrias. Antes de su detención, Michael había compartido con sus compañeros de trabajo, pero había manifestado a su madre en varias ocasiones que había sido objeto de hostigamiento por parte de dos colegas, lo que él consideraba un trato degradante debido a su condición.
Ese día, mientras descargaba cajas con otros compañeros, comenzó un intercambio verbal que escaló rápidamente. Michael relató que le gritaban “apúrate culiao” y, aunque la situación no pasó a mayores en ese momento, la tensión aumentó. Después de su turno, Michael y su amigo Gabriel regresaron al recinto, donde fueron advertidos por compañeras que dos hombres estaban exaltados y que era mejor evitar una confrontación.
Sin embargo, la advertencia no fue suficiente. Los cuatro hombres involucrados comenzaron a pelear fuera del área laboral. Según la madre de Michael, Antonieta, un compañero alertó a Michael y Gabriel que uno de los agresores había ido a buscar un machete. En medio de la riña, otro de los hombres, R, sacó un cuchillo y apuñaló a Michael en dos ocasiones.
La situación llevó a Michael a un colapso emocional. Tras recibir un llamado de una compañera de su hijo, Antonieta se dirigió a su casa, donde encontró a Michael visiblemente alterado. Después de intentar calmarlo, la familia decidió ir a la comisaría de Piedra Azul para presentar una denuncia. Sin embargo, en el camino, tanto Michael como Gabriel fueron detenidos por Carabineros.
Durante la detención, Michael intentó explicar su condición, pidiendo poder llamar a su madre. Según su madre, la situación se tornó más violenta cuando los policías, que estaban de civil, lo apuntaron con un arma y lo esposaron. En ese momento, Michael, que ya estaba muy alterado, reaccionó dándole un cabezazo a un carabinero.
Posteriormente, uno de los funcionarios policiales supuestamente ahorcó a Michael y le hizo amenazas de violencia sexual, diciendo: “te vamos a violar” y “a tu mamá también la vamos a violar”. A pesar de las súplicas de Michael por llamar a su madre, los policías continuaron con sus amenazas.
Una vez dentro del vehículo policial, la familia de Michael afirma que continuó siendo agredido. Según su madre, los funcionarios le propinaron golpes en diversas partes del cuerpo, especialmente en el rostro y la espalda.
Al llegar al retén, Michael logró comunicarse con su madre a través de una videollamada, donde le informó que estaba siendo golpeado y que le habían dicho que lo tratarían como un perro. La comunicación se cortó abruptamente, lo que llevó a Antonieta a acudir al retén con documentos que acreditaban la condición de su hijo.
Al llegar, escuchó a Michael gritar que lo habían torturado y que estaba sangrando. Cuando logró entrar al calabozo, encontró a su hijo con lesiones visibles y sangre en la cara. Michael fue trasladado al S.A.R. de Alerce para constatar lesiones, donde se documentaron múltiples contusiones y heridas que requerían atención médica.
La constatación de lesiones reveló que Michael presentaba contusiones en la cara y un hematoma significativo en la espalda, aunque las lesiones fueron calificadas como leves. Tres días después del incidente, Michael comenzó a comprender la gravedad de lo sucedido, expresando a su madre que solo se había defendido.
La situación ha sido un retroceso en el proceso de inclusión que Antonieta ha trabajado desde que adoptó a Michael en 2019. En respuesta a los hechos, el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) ha presentado una querella criminal contra los responsables por apremios ilegítimos, solicitando información sobre los funcionarios involucrados y pidiendo que se inicie una investigación por parte de la Brigada de Derechos Humanos de la Policía de Investigaciones.
Desde Carabineros, se ha indicado que la institución no ha sido notificada de ningún reclamo o acción legal relacionada con los hechos, pero que están dispuestos a colaborar con la Fiscalía si se requiere información sobre el caso.