La Alta Corte Constitucional de Madagascar ha instado al coronel Michael Randrianirina, líder golpista, a asumir el cargo de jefe de Estado en el país insular del sudeste de África. En una audiencia privada realizada por videoconferencia, los magistrados declararon la “vacancia” de los cargos de presidente de la República y presidente del Senado, así como la “imposibilidad” del Gobierno en funciones para llevar a cabo sus responsabilidades, según un comunicado emitido por la alta corte.
El comunicado, firmado por el presidente del Tribunal, Florent Rakotoarisoa, y otros ocho miembros de la institución, señala: “Se invita a la autoridad militar competente, encarnada por el coronel Michael Randrianirina, a ejercer las funciones de jefe del Estado”. Esta declaración se produjo tras el anuncio de la poderosa unidad militar insurrecta, el Cuerpo de Administración de Personal y Servicios del Ejército de Tierra (CAPSAT), que había declarado la supresión de la Constitución y la toma del poder.
En una declaración a los medios desde el Palacio Ambotsirohitra, sede de la Presidencia en la capital, Antananarivo, Randrianirina afirmó: “Vamos a asumir nuestras responsabilidades, vamos a tomar el poder”. El líder golpista explicó que, ante los “repetidos atropellos a la Constitución, el incumplimiento de los derechos humanos y el saqueo de la nación”, un consejo compuesto por el Ejército, la Gendarmería y la Policía nacional asumirá las funciones del jefe de Estado, con la posibilidad de que se unan miembros civiles en los próximos días.
Este consejo, según Randrianirina, tendrá un plazo máximo de dos años para “reconstruir los cimientos de la nación” y, dentro de este proceso de transición, se llevará a cabo un “referéndum constitucional”. Además, el líder del CAPSAT anunció la suspensión de las actividades del Senado, del Tribunal Constitucional y del Tribunal Superior de Justicia, aunque aseguró que la Asamblea Nacional (Cámara Baja del Parlamento) continuará ejerciendo sus funciones.
Poco antes de este anuncio, la Asamblea Nacional de Madagascar había votado a favor de destituir al presidente Andry Rajoelina, quien se había refugiado en un “lugar seguro” para proteger su vida tras la grave crisis política que ha sacudido al país desde el 25 de septiembre. Rajoelina había emitido un decreto el mismo día para disolver la institución en un intento de evitar la votación impulsada por la oposición para forzar su salida del poder. Sin embargo, el vicepresidente de la Cámara, Siteny Randrianasoloniaiko, sostuvo que el decreto carecía de validez legal al no contar con el sello oficial ni con la firma del presidente.
La Presidencia malgache había denunciado un intento de golpe de Estado después de que grupos de soldados se unieran a miles de manifestantes antigubernamentales. Ese mismo día, el CAPSAT afirmó haber asumido el control de las Fuerzas Armadas. Cabe recordar que el CAPSAT ya había participado en un golpe de Estado en 2009 que derrocó al entonces presidente Marc Ravalomanana, lo que permitió a Rajoelina llegar al poder por primera vez.
Las movilizaciones, que inicialmente surgieron para protestar contra los recurrentes cortes de agua y electricidad, han sido impulsadas por jóvenes de la generación Z y se han tornado antigubernamentales, exigiendo la dimisión de Rajoelina. La propuesta de diálogo nacional presentada por el presidente fue rechazada por los organizadores de las protestas. Inspiradas en movilizaciones juveniles recientes en países como Kenia y Nepal, estas protestas son consideradas las más graves que ha vivido la isla del océano Índico en años.