La Bancada de Diputados Republicanos ha solicitado al Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) información detallada sobre el incremento de las denuncias relacionadas con el uso irregular de viviendas sociales en diversas regiones del país.
Esta solicitud se origina a raíz de un informe de Transparencia, que fue elaborado utilizando datos proporcionados por la Subsecretaría de Vivienda, el cual reveló un total de 5.942 denuncias por esta problemática entre los años 2022 y 2025. Las denuncias abarcan una variedad de situaciones, incluyendo inmuebles que se encuentran deshabitados, ocupaciones irregulares, usos de las propiedades que no son habitacionales, así como arriendos o cesiones a terceros.
El diputado Republicano Cristián Araya, quien forma parte de la Comisión de Vivienda, ha calificado esta situación como “en extremo preocupante e injusta“, argumentando que “muchas familias esperan hace años, e incluso más de una década, por una vivienda propia“.
Araya ha señalado que el problema se ve agravado por “la evidente falta de fiscalización del Minvu“, lo que llevó a la bancada a oficiar a todos los directores de los Serviu desde Arica hasta Magallanes, solicitando información detallada sobre el número de fiscalizaciones y las sanciones que se han aplicado entre enero y octubre de este año.
Los parlamentarios han enfatizado que este tipo de prácticas perjudican la credibilidad de las políticas habitacionales implementadas y han solicitado al Ejecutivo un mayor control y transparencia en la asignación y supervisión de las viviendas sociales.