El Centro de Cumplimiento Penitenciario de San Felipe, ubicado en la región de Valparaíso, enfrenta una grave crisis tras ser declarado inhabitable debido a deficiencias en las obras de remozamiento de sus baños.
Las obras, que fueron adjudicadas por un monto superior a los 37 millones de pesos, fueron abandonadas por la empresa Constructora y Servicios Berroeta SpA, según denuncias realizadas por gendarmes del recinto. Esta situación ha llevado a que los aproximadamente 350 internos del penal deban ser reubicados temporalmente mientras se llevan a cabo las reparaciones necesarias para garantizar el funcionamiento adecuado del establecimiento.
La diputada del Partido Republicano por el distrito 6, Chiara Barchiesi, ha solicitado a Gendarmería y al Ministerio de Justicia que se esclarezcan los hechos, en un contexto donde el sistema carcelario nacional ya enfrenta una crisis de hacinamiento.
Desde Gendarmería se emitió un comunicado en el que se informa que se iniciarán trabajos de reparación y mantenimiento en el Centro de Cumplimiento Penitenciario. En este documento, se menciona que “será necesario redestinar temporalmente a los internos mientras se ejecutan los trabajos”. Además, se destaca que un informe reciente ha revelado deficiencias estructurales que requieren atención inmediata.
Carlos Fernández, director nacional de la Asociación Nacional de Suboficiales y Gendarmes, también se pronunció sobre la situación, confirmando la existencia de problemas estructurales y la necesidad de reubicar a los reos en la región.
Por su parte, la Secretaría Regional Ministerial de Justicia no ha emitido comentarios adicionales sobre el asunto, limitándose a remitir a la información proporcionada por Gendarmería.