El Gobierno de Nicolás Maduro ha revocado la concesión de vuelo a varias aerolíneas internacionales, incluyendo Iberia de España, TAP de Portugal, Avianca, Latam Colombia, Turkish Airlines de Turquía y Gol de Brasil, acusándolas de participar en acciones de “terrorismo” de Estado promovidas por Estados Unidos. Esta decisión se hizo pública el miércoles, tras el vencimiento de un plazo de 48 horas que el Gobierno había otorgado a estas compañías para que reanudaran sus operaciones hacia y desde Venezuela.
La medida se produce después de que las aerolíneas mencionadas suspendieran sus vuelos, siguiendo una recomendación de la Administración Federal de Aviación de EE.UU., que instó a las aerolíneas comerciales a “extremar la precaución” al sobrevolar el espacio aéreo venezolano y el sur del Caribe, citando una “situación potencialmente peligrosa en la región”.
El ministro de Interior de Venezuela, Diosdado Cabello, declaró en su programa semanal que el Gobierno tiene la autoridad para decidir quién puede volar en su espacio aéreo, afirmando: “El Gobierno nacional, en una decisión soberana, les dijo a las empresas (aéreas): si en 48 horas ustedes no reanudan los vuelos, no los reanuden más”. Cabello enfatizó que el país se queda con su “dignidad” y que las aerolíneas pueden mantener sus aviones.
A pesar de esta revocación, otras aerolíneas como Copa, Wingo, Boliviana de Aviación y Satena, así como las compañías locales Avior y Conviasa (esta última estatal), continúan operando en el país.
Además, las aerolíneas venezolanas Laser y Estelar, que operan vuelos hacia Madrid con los proveedores Plus Ultra e Iberojet, respectivamente, han anunciado la suspensión de sus vuelos hasta el 1 de diciembre, en respuesta a los avisos emitidos por la Autoridad Aeronáutica de España (AESA).
Por otro lado, Estados Unidos mantiene un despliegue naval y aéreo en el mar Caribe, cerca de las aguas venezolanas, lo que el Gobierno de Caracas considera una “amenaza” destinada a propiciar un cambio de régimen que desplace a Maduro del poder. La Administración de Donald Trump ha defendido estas acciones como parte de sus esfuerzos para combatir el narcotráfico proveniente de Latinoamérica.