Un devastador incendio en el complejo residencial Wang Fuk Court en Tai Po, Hong Kong, ha dejado al menos 128 muertos y cerca de 150 desaparecidos, lo que ha desatado una serie de reacciones por parte del Gobierno local. La Oficina para la Salvaguarda de la Seguridad Nacional del Gobierno central ha denunciado que “individuos antichinos y malintencionados” están intentando desestabilizar la ciudad aprovechando la tragedia.
Un portavoz de la oficina afirmó que ciertos grupos están difundiendo información falsa y atacando las labores de rescate del Ejecutivo, incitando a la división social y al odio contra las autoridades. “Explotan el dolor de la gente y van en contra de la opinión pública, tratando de utilizar el duelo de las víctimas para satisfacer sus ambiciones políticas y arrastrar de nuevo a Hong Kong al caos de las revueltas de 2019”, declaró el portavoz, quien advirtió que estas conductas recibirán “condena moral y castigo legal”.
La oficina instó a la población a mantenerse alerta ante estas “intenciones maliciosas” y a mostrar solidaridad para ayudar al Gobierno a gestionar las consecuencias del siniestro.
La respuesta del Gobierno se produce tras una petición lanzada por un estudiante universitario en una plataforma digital, que reunió más de 10,000 firmas en menos de 24 horas. La petición incluía demandas como alojamiento inmediato para los desplazados, la creación de una comisión de investigación independiente sobre posibles conflictos de interés, y la revisión del sistema de supervisión de obras. Sin embargo, la plataforma donde se realizó la petición fue clausurada sin explicaciones.
El incendio, que comenzó en un bloque y se propagó rápidamente a siete de los ocho edificios del complejo, se vio favorecido por los andamios de bambú cubiertos con mallas de seguridad y planchas de poliestireno expansivo utilizados en obras de rehabilitación. Medios locales informaron que la reforma fue adjudicada a la oferta más cara y que la policía encontró planchas de espuma altamente inflamable en el lugar.
Como resultado de la tragedia, tres personas relacionadas con la empresa constructora fueron detenidas por homicidio imprudente, y la Comisión Independiente contra la Corrupción (ICAC) arrestó a ocho individuos, incluidos directivos de una consultora y subcontratistas de andamios, por presunta corrupción.