Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) de Chile ha defendido su propuesta de expropiación de terrenos en la megatoma de San Antonio, en respuesta a la acción de diputados de Renovación Nacional (RN) que solicitaron a la Contraloría que evaluara la legalidad de esta operación, que implicará un costo de $1.100 millones por la adquisición de 100 hectáreas de las 215 que componen el asentamiento ilegal en el cerro Centinela. El Minvu argumenta que esta acción es parte de sus facultades para abordar el déficit habitacional y promover la integración social y urbana en el país.
En una declaración pública, el Minvu, liderado por Carlos Montes, enfatizó que “una sentencia judicial que ordena un desalojo debe cumplirse, pero no extingue la utilidad pública ni la facultad expropiatoria del Serviu“. La cartera subrayó que la expropiación no busca evitar el desalojo, como han sugerido algunos críticos, sino que es un paso necesario para implementar programas habitacionales que beneficien a más de once mil personas registradas en el catastro oficial de campamentos del Minvu para el año 2024.
El ministerio también destacó que la expropiación se enmarca dentro de su misión de cumplir con los programas de construcción aprobados por Decreto Supremo y publicados oficialmente. En este contexto, el Minvu indicó que “la expropiación en este caso no se enmarca en una estrategia para evitar el desalojo, sino que busca facilitar la implementación de un plan habitacional que integre a otras familias”.
Además, el Minvu anunció que un Comité de Expertos se encargará de definir el monto de la indemnización provisional para los propietarios de los terrenos expropiados. Aquellos que consideren que la expropiación les causa un daño patrimonial podrán apelar ante el tribunal competente.
El ministerio hizo un llamado a evitar la polarización y el escalamiento del conflicto, afirmando que el Gobierno ha propuesto caminos institucionales para cumplir con el fallo judicial y ofrecer una solución equilibrada a un problema complejo. En este sentido, el Minvu se comprometió a presentar sus argumentos técnicos, sociales y jurídicos en las instancias judiciales y administrativas necesarias, respetando los derechos de todos los involucrados en esta situación excepcional.
Por otro lado, en el ámbito de la seguridad, la Brigada de Homicidios de la PDI está llevando a cabo trabajos en la Región del Maule, mientras que se ha denunciado la reprogramación de la final de un certamen deportivo debido a un concierto, lo que ha generado críticas sobre el desinterés por el deporte en el parque. En el ámbito de la seguridad vial, se ha reportado un aumento del 5% en los fallecidos por accidentes de tránsito en comparación con el mismo periodo del año anterior.
Finalmente, el Minvu continúa trabajando en diversas iniciativas, como el lanzamiento del primer centro de operaciones de emergencias móvil con conexión satelital en colaboración con Desafío Levantemos Chile, reafirmando su compromiso con la mejora de la infraestructura y la atención a emergencias en el país.