La Cátedra UNESCO de Educación en Derechos Humanos de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano (UAcademia) alertó sobre los graves riesgos que representa para la democracia y los derechos humanos el proyecto de ley (Boletín N° 17.370-17) que permitiría el cumplimiento alternativo de penas privativas de libertad para condenados por crímenes de lesa humanidad, como torturas, desapariciones forzadas y asesinatos.
La Cátedra advierte que la iniciativa legislativa abre la puerta a que se beneficien personas responsables de violaciones masivas a los derechos humanos, en su mayoría individuos que no han colaborado con la justicia ni han pedido perdón a sus víctimas. «Más allá del debate jurídico, esto es un problema pedagógico: una ley así funciona como un currículum cívico que le enseña a la ciudadanía que estos crímenes, en el fondo, no son tan graves. Ese mensaje normaliza la impunidad y debilita la confianza en las instituciones», advierten.
La Universidad recuerda que Chile tiene compromisos internacionales vinculantes – como el Estatuto de Roma y la Convención contra la Tortura -, así como la jurisprudencia consolidada de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que obligan al Estado a investigar, juzgar y sancionar efectivamente estos crímenes. Una legislación que atenúe esas sanciones entra en tensión directa con dichos compromisos y con el deber de reparación a las víctimas y sus familias.
Memoria, justicia y no repetición, en riesgo
Señalan que la educación en derechos humanos descansa sobre cuatro pilares: memoria, justicia, reparación y no repetición. Debilitar cualquiera de ellos, advierte la casa de estudios, socava la posibilidad de consolidar una democracia sólida y de evitar que las violaciones del pasado vuelvan a ocurrir.
La UAcademia también vinculó este debate con la reciente absolución del exoficial Claudio Crespo – señalado como responsable del daño ocular sufrido por Gustavo Gatica, diputado electo y ex estudiante de esta casa de estudios, durante el estallido social – como otro preocupante ejemplo de las señales de impunidad que el sistema institucional envía a la ciudadanía, afectando directamente a un miembro de su comunidad.
La posición de la Universidad
La casa de estudios precisó que no se opone al principio humanitario de considerar medidas alternativas al encarcelamiento en casos de enfermedad grave o edad avanzada, pero insiste en que la democracia exige establecer límites claros e infranqueables cuando se trata de crímenes de lesa humanidad. Ceder en estos límites no solo vulnera el derecho internacional, sino que hiere la memoria de las víctimas y proyecta un futuro de injusticia.
Toda política pública en esta materia debe reforzar – y nunca debilitar – el compromiso colectivo con la memoria, la justicia y la plena vigencia de los derechos humanos. Por ello, hacemos un llamado a los poderes del Estado a rechazar toda iniciativa que signifique un retroceso en esta materia y a garantizar que la lucha contra la impunidad siga siendo un pilar de nuestra democracia.