La migración irregular en Chile ha experimentado un aumento significativo en los últimos años, pasando de 10.000 personas en 2018 a 337.999 en 2023, lo que representa el 17,6% de los 1,9 millones de migrantes que residen en el país. En un periodo de seis meses, el Gobierno chileno ha cerrado dos espacios fundamentales para la acogida de migrantes en situación irregular en la frontera norte, específicamente en la localidad de Colchane, y ha implementado un nuevo protocolo que, por primera vez, busca “reconducir” a quienes cruzan por pasos no habilitados de regreso a Bolivia.
Experiencias de migrantes en la frontera
Roberto, un migrante venezolano, ingresó a Chile la madrugada del 19 de marzo a través de uno de los múltiples accesos irregulares en el desierto altiplánico. Relata que enfrentó temperaturas cercanas a cero grados, sin agua ni comida, y tras cuatro horas de travesía por un extenso humedal que separa ambos países, fue engañado por los coyotes. En sus propias palabras, “No le recomiendo a nadie pasar por esa trocha, con agua putrefacta, a las dos de la madrugada, mucho menos con niños. La gente salió llorando de ahí, pensando que se iba a morir”. Actualmente, se encuentra en el Centro Migratorio Irregular (CMI), que ha reemplazado uno de los espacios de acogida fronteriza.
Un mes antes, Indiana García, su esposo y su bebé de dos años también cruzaron por un paso irregular desde Venezuela. Ella describe su experiencia diciendo: “Fue horrible pasar por la zanja, con los bolsos, mi bebé cargado y con la altura y el frío. Me ahogaba”.
Condiciones de la frontera de Colchane
La frontera de Colchane, situada a casi 2.000 kilómetros al norte de Santiago, es extensa y presenta condiciones climáticas adversas que pueden poner en peligro la vida de quienes intentan ingresar de manera irregular. Según la fiscal de la Región de Tarapacá, Trinidad Steinert, “igual se puede pasar”, lo que convierte a esta frontera en un punto vulnerable.
Aumento de la migración irregular
El Servicio Nacional de Migraciones (Sermig) ha reportado que la migración irregular en Chile ha crecido de manera exponencial, con cifras que indican un aumento de 10.000 personas en 2018 a casi 337.999 en 2023. Este incremento ha llevado a las autoridades a reforzar la inversión en la frontera, alcanzando los 16 millones de dólares durante el mandato del Gobierno de Gabriel Boric, quien ha adoptado un discurso más firme respecto a la migración.
Cierre de dispositivos de acogida
Desde septiembre de 2024, el Gobierno regional ha desmantelado dos Dispositivos Transitorios (DT) en la zona, que eran infraestructuras clave para la acogida de migrantes, establecidas en 2021 en respuesta a la crisis que generó la aparición de campamentos improvisados en diversas localidades fronterizas. El cierre de estos dispositivos implica una reducción progresiva de programas y acciones de organizaciones tanto internacionales como locales que buscan proteger a las familias migrantes. Las autoridades justifican esta decisión por el “descenso sostenido” en la llegada de personas a través de este punto y por un acuerdo entre Chile y Bolivia que permite “reconducir” a los extranjeros que ingresen por pasos irregulares.
Cambio de enfoque en la atención a migrantes
La delegada presidencial en la región de Tarapacá, Ivonne Donoso, ha indicado que ha habido un “cambio de enfoque” en la atención a migrantes, buscando ofrecer una atención “más acotada” y “expedita”, en línea con la realidad migratoria actual, para evitar que se genere un asistencialismo permanente.
Preocupaciones de organizaciones de apoyo
Esta nueva estrategia ha generado inquietud entre las organizaciones que trabajan con migrantes, quienes expresan su preocupación por la “incertidumbre” que crea el nuevo escenario y la posible “regresión” del Estado en la protección de estos individuos. Anuar Quesille, defensor de la Niñez, ha señalado que “Colchane transitó de un centro de primera acogida hasta una ‘sala de espera’ para migrantes irregulares sin capacidad ni condiciones adecuadas”, advirtiendo que las condiciones que en 2021 permitieron ofrecer una respuesta humanizada se han deteriorado, poniendo en riesgo la vida de los migrantes.
Karina Fauste, directora de la Fundación Madre Josefa de la Región Tarapacá, ha alertado sobre las consecuencias negativas que pueden surgir de esta nueva política, mencionando que en experiencias anteriores se han incrementado los riesgos asociados a rutas más peligrosas y la exposición a situaciones de trata, tráfico o violencia.
Iniciativas de apoyo a migrantes
Como respuesta a los cierres de los dispositivos de acogida, diversas organizaciones han implementado nuevas iniciativas para apoyar a las familias migrantes, que incluyen desde ayuda humanitaria hasta soluciones en áreas de habitabilidad, salud y educación. La acogida se considera esencial para reorientar los proyectos de vida de manera segura y respetuosa de los derechos de los migrantes.
