Un juez federal de Estados Unidos ha ordenado al gobierno del presidente Donald Trump que gestione el regreso de Kilmar Armando Ábrego García, quien fue deportado a El Salvador y actualmente se encuentra encarcelado en una prisión construida por el presidente Nayib Bukele para la detención de pandilleros. Sin embargo, la Casa Blanca ha argumentado que no puede cumplir con esta orden debido a que el caso está fuera de su jurisdicción.
El caso de Ábrego García, de 29 años, ha ganado atención pública tras la movilización de familiares y amigos que buscan visibilizar su situación. Después de esta presión, Washington reconoció el incidente como un “error administrativo”. Según los abogados de Ábrego García, el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE) lo deportó el mes pasado, a pesar de que desde 2019 existía una sentencia de un juez de inmigración que lo protegía de la deportación a El Salvador.
Antes de que la Casa Blanca admitiera el “error administrativo”, había clasificado a Ábrego García como miembro de la pandilla MS-13, basándose en información proporcionada por un informante confidencial. Sin embargo, se logró demostrar que Ábrego García nunca residió en Nueva York, donde supuestamente pertenecía a una sección de dicha pandilla.
Su esposa, la ciudadana estadounidense Jennifer Vásquez Sura, ha hecho un llamado a continuar la movilización por el regreso de su esposo, así como por todos los Kilmars cuyas historias aún no han sido escuchadas. Los abogados de Ábrego García han reiterado que, antes de su deportación a El Salvador, contaba con un permiso del Departamento de Seguridad Nacional para trabajar legalmente en Estados Unidos.
Además, se ha informado que Ábrego García huyó de El Salvador a la edad de 15 años debido a las amenazas que su familia enfrentaba por parte de pandillas locales.
