La Defensoría de la Niñez ha expresado su profunda preocupación por las posibles repercusiones negativas que podría acarrear el proyecto de ley que modifica la responsabilidad penal adolescente, especialmente en lo que respecta a los procesos de reinserción social. La institución ha alertado sobre la limitada efectividad de esta iniciativa para disminuir el comportamiento delictivo y para ofrecer protección a las víctimas.
Los análisis técnicos realizados por la Defensoría, fundamentados en estándares internacionales de derechos humanos, han llegado a la conclusión de que el proyecto no aborda de manera efectiva el problema subyacente en el ámbito de la seguridad pública. La Defensoría ha enfatizado que es crucial avanzar hacia políticas públicas que se basen en evidencia y que promuevan soluciones estructurales.
Uno de los puntos críticos que ha identificado la entidad se relaciona con la falta de consideración del vínculo entre el aumento de delitos cometidos por adolescentes y el crimen organizado. Según datos proporcionados por el Ministerio Público, un número significativo de adolescentes es reclutado por bandas criminales que están compuestas por adultos. La Defensoría ha señalado que “esta dinámica no se resuelve con el aumento de penas, ya que dichas organizaciones pueden reemplazar rápidamente a los jóvenes reclutados, e incluso intensificar la captación de niños y niñas de más baja edad”.
En cuanto a la justicia efectiva para las víctimas, la Defensoría de la Niñez ha afirmado que es esencial abordar los nudos críticos de la investigación penal. La institución ha observado que, en el caso de los adolescentes, ha habido una disminución en las sentencias condenatorias y una alta proporción de causas que han sido archivadas provisionalmente. Para evitar la impunidad, se requiere fortalecer los procesos de investigación que permitan identificar a los infractores y asegurar el cumplimiento de las sanciones, lo que se considera fundamental para una respuesta efectiva.
Respecto a la reinserción social, que es un eje central del nuevo Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil, la Defensoría ha indicado que el proyecto no solo omite las acciones necesarias para su implementación, sino que contradice su objetivo. Un ejemplo que se ha puesto de manifiesto es que el aumento de penas para delitos graves de 8 a 10 años no altera el escenario actual. La Defensoría ha advertido que “el aumento de penas puede consolidar trayectorias delictivas” y que enfrentar esta problemática requiere reconocer las trayectorias de vida de los adolescentes que han cometido delitos.
Un estudio realizado por el Centro de Estudios Justicia y Sociedad de la Pontificia Universidad Católica y UNICEF en 2023 ha revelado que la mayoría de los individuos que han cometido delitos provienen de contextos de inestabilidad familiar. Se ha encontrado que el 70% de estos jóvenes ha sufrido separación o ausencia parental, y un 48% ha sido testigo o víctima de violencia intrafamiliar. Además, el estudio indica que estos jóvenes enfrentan interrupciones educativas, delincuencia intergeneracional y precariedad material, con un 45% de ellos conviviendo con personas que están privadas de libertad y muchos expuestos al consumo problemático en su entorno familiar. La Defensoría ha indicado que “estas condiciones impactan directamente en su desarrollo emocional, vinculación social y percepción de la violencia”.
La revisión de la evidencia internacional realizada por la Defensoría no respalda el aumento de penas como una medida efectiva para reducir la comisión de delitos. En cambio, se ha demostrado que estrategias como la disuasión focalizada —que incluye patrullaje estratégico, seguimiento personalizado y encuentros con responsables del cumplimiento de sanciones— son más eficaces.
La Defensoría de la Niñez ha subrayado que no es posible avanzar en soluciones sin fortalecer la política social dirigida a la preadolescencia y adolescencia. En este sentido, se ha considerado prioritario ampliar la cobertura del programa Chile Crece Contigo más allá de los 9 años, tal como lo establece el artículo 85 de la Ley de Garantías. La institución ha solicitado robustecer los programas de prevención que tomen en cuenta las experiencias recurrentes de los jóvenes, tales como la precariedad material, inestabilidad residencial, violencia doméstica, bajo nivel educativo y delincuencia intergeneracional. Muchas de estas condiciones están relacionadas con el maltrato, la negligencia o la pobreza.
Iniciativas como el fortalecimiento del programa Lazos en todas las comunas del país, así como la creación de escuelas de reingreso con acompañamiento psicosocial, han demostrado ser efectivas y deben ser parte de la respuesta estatal, según la Defensoría. Finalmente, la institución ha hecho un llamado a los parlamentarios para que aborden el fenómeno delictivo adolescente desde una perspectiva integral, solicitando que se consideren las causas estructurales y no se limite la respuesta a medidas punitivas. La Defensoría ha concluido que “es urgente perseguir y sancionar al crimen organizado que instrumentaliza a niños, niñas y adolescentes, y evaluar junto al Ministerio Público las mejores estrategias para fortalecer la investigación penal”.
