Un fiscal exclusivo ha sido solicitado por la abogada Jeanette Bruna, quien representa a la familia del empresario Alejandro Correa, víctima de un acto de sicariato. Esta solicitud se enmarca dentro de la orden de demolición que se llevará a cabo el lunes en la toma Calicheros, ubicada en la región de Valparaíso. La Delegación Presidencial de Valparaíso está gestionando reuniones operativas para dar inicio a este proceso, el cual ha sido ordenado por la justicia. Los ocupantes del terreno han solicitado un “mayor tiempo” para poder desalojar el área.
La abogada Bruna ha solicitado una reunión con el fiscal nacional, Ángel Valencia, con el propósito de pedir la designación de un fiscal exclusivo durante el proceso de desalojo. Su intención es prevenir nuevas usurpaciones en el predio, y ha explicado que “cualquier persona que permanezca o regrese (al terreno) sea detenida por el delito de usurpación en estado de flagrancia”. Además, la abogada exigirá la presencia de un representante de la Fiscalía en el momento en que se inicie la demolición de las construcciones que han sido levantadas sin la debida autorización.
En relación a la situación de los ocupantes del asentamiento ilegal durante la demolición, la Delegación Presidencial Regional ha mantenido en reserva los detalles del operativo que se ejecutará. Sin embargo, se están llevando a cabo reuniones con Carabineros, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) y el municipio de Quilpué para coordinar el proceso. El delegado Yanino Riquelme ha indicado que la demolición comenzará el lunes 29 de septiembre y se extenderá por un par de días.
Por su parte, Jazmín Durán, vocera de los vecinos de la toma Calicheros, ha manifestado que están a la espera de la admisibilidad del recurso de protección que han presentado ante la Corte de Apelaciones de Valparaíso. La dirigente ha expresado que necesitan “mayor tiempo” para el desalojo, asegurando que hay familias que ya han comenzado a desarmar sus construcciones.
Finalmente, la familia Correa está a la espera de la reunión entre su abogada y el fiscal nacional, Ángel Valencia, para confirmar la presencia de un fiscal exclusivo durante la demolición que se iniciará el próximo 29 de septiembre.
