La contralora general de la República, Dorothy Pérez, fue la invitada sorpresa en el evento Enade 2025, donde abordó el papel de la Contraloría General de la República, el funcionamiento administrativo del país y la importancia del control en la gestión pública. Durante su intervención, que culminó con una ovación de pie por parte de los asistentes, Pérez se refirió a los sumarios administrativos relacionados con el caso de las licencias médicas, señalando que la Contraloría se encuentra “bastante acogotada con los sumarios”. Esto se debe a que se han llevado a cabo aproximadamente 8 mil sumarios en el contexto de este caso.
La contralora destacó el impacto significativo que ha tenido este caso desde su revelación en mayo de este año, indicando que la presentación de licencias médicas ha disminuido en un 32,4% hasta agosto. En su discurso, no solo presentó cifras, sino que también enfatizó la función de fiscalización que ejerce la Contraloría. En este sentido, mencionó que uno de los nuevos productos de la Contraloría son los Consolidados de Información Circularizada (CIC), que han permitido descubrir que “25 mil funcionarios habían salido del país, mientras estaban justificando su ausencia de cumplir funciones públicas, con licencias médicas”. Este producto se ha diseñado “pensando en aquellas personas que solo saben leer, escribir y algunas operaciones básicas de matemáticas”.
Respecto a este caso, que corresponde a la CIC N°9, Pérez aclaró que “no tiene que ver con la vulneración del reposo (…) el punto es que todas estas personas estaban justificando su ausencia a cumplir su función pública para la cual es remunerada con fondos públicos, y además tenemos una obligación de cumplir una labor para toda la ciudadanía, y estábamos ausentes de cumplir esa labor, por estar viajando, y la justificación no era real”.
Además de este caso, la contralora mencionó otras irregularidades detectadas, como problemas en municipios, pagos en exceso en el Ejército, la pérdida de fentanilo desde la Dirección de Salud de Carabineros, y problemas surgidos a raíz del mega incendio en Valparaíso. Un tema relevante que abordó fue el de las listas de espera en hospitales, donde se identificó que funcionarios habían ingresado a familiares en estas listas, priorizándolos sobre aquellos que llevan años esperando, incluso hasta 1.500 días.
Entre las deficiencias mencionadas, Pérez destacó la inadecuada destrucción de drogas, el incumplimiento en permisos y porte de armas por certificados emitidos por médicos no psiquiatras o incluso médicos fallecidos, así como permisos otorgados a menores, fallecidos o condenados. También se refirió a la falta de body scanners en aduanas, obras pagadas sin ejecución, y falencias en el control de ingresos al país, además de obras públicas que se encuentran detenidas por problemas de permisología.
“Aquí hago un llamado a la función pública, que es muy valiosa, pero hago un llamado a cuando estamos revisando un trámite, pensemos que detrás de ese trámite hay personas, hay familias, hay empleo, hay desarrollo económico que puede servirle a todo el país”, enfatizó, refiriéndose a obras públicas que tienen hasta 878 días de retraso en su aprobación.
En cuanto al Sistema Nacional de Control, Pérez mencionó que los recursos públicos son limitados y deben atender necesidades que son ilimitadas. “Necesitamos que lleguen a los pueblos más recónditos en el país, y para que lleguen necesitamos que no se filtren como una cañería”, destacó.
En este contexto, anunció la creación del nuevo Servicio de Auditoría Interna de Gobierno (SAI), que sus predecesores habían rechazado, argumentando que podría ser visto como una competencia. “Me alegro mucho de anunciar que desde la semana pasada, en conjunto con el Poder Judicial, estamos interoperando para la recepción de las condenas, de esa manera vamos a saber automáticamente qué personas están condenadas, para que no ingresen al aparato público, y más importante aún, qué personas tienen prohibición de trabajar con niñas y niños, y pudieron estar trabajando con ellos en el aparato público”, enfatizó, refiriéndose a la utilización de la tecnología y la inteligencia artificial.
Finalmente, en relación a la pérdida de recursos, Pérez informó que en 2024 se perdieron 191.689 millones de pesos por evasión en la Red Metropolitana de Movilidad, lo que equivale a 17 centros de salud familiar, subrayando la importancia de la fiscalización y la adecuada utilización de los recursos.
