El juez Juan Carlos Peinado ha decidido proseguir con la investigación que involucra a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, así como a otras tres personas. En esta causa, se han imputado a la actual secretaria general de Presidencia del Ejecutivo, Judit González Pedraz, por un posible delito de malversación de caudales públicos. La resolución judicial fue emitida el 4 de noviembre, donde el magistrado desestimó la solicitud de sobreseimiento presentada por las defensas y la Fiscalía, continuando así la causa contra Gómez, su asesora Cristina Álvarez, el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín Aguirre, y el empresario Juan Carlos Barrabés.
Peinado ha señalado que González será citada para el próximo 12 de noviembre en relación con su posible implicación en la malversación de fondos públicos, vinculada al desempeño de su puesto como asesora de Gómez. La investigación se centra en el presunto delito de malversación que se relaciona con el nombramiento de Álvarez en 2018, así como en la supuesta intervención de Gómez para favorecer la adjudicación de contratos públicos a Barrabés.
El juez está indagando si Gómez ejerció influencia para que las empresas de Barrabés obtuvieran contratos públicos, además de su papel en la cátedra que co-dirigía en la Universidad Complutense de Madrid. También se investiga su posible participación en la concesión a la empresa de Barrabés para el desarrollo de un software.
Peinado ha indicado que “el origen de los hechos delictivos” se encuentra en las acciones de Gómez, las cuales derivan de su relación de parentesco con el actual presidente del Gobierno. En su análisis, el magistrado sostiene que, sin el vínculo familiar de Gómez con el presidente, “difícilmente podría ella y los otros dos investigados poner en práctica las conductas que, posteriormente, han sido ya consideradas, indiciariamente” como delitos.
Este caso ha suscitado críticas por parte de la oposición conservadora, mientras que el Partido Socialista, liderado por Sánchez, y otros partidos de izquierda han acusado a los jueces de politizar sus decisiones, una idea que también ha sido expresada por el propio presidente del Gobierno.
