Este martes, Codelco anunció la presentación de una querella criminal contra la exministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, y otros seis imputados, en el contexto del caso conocido como Muñeca Bielorrusa. La estatal acusa a los involucrados de haber llevado a cabo un patrón de intervenciones indebidas y presiones internas que resultaron en beneficios económicos ilegítimos para el Consorcio Belaz Movitec (CBM).
La acción judicial se dirige específicamente contra Ángela Francisca Vivanco Martínez y Víctor Gonzalo Migueles Oteiza, a quienes se les imputa la autoría de los delitos de cohecho agravado y lavado de activos. Además, se incluyen a los abogados Carlos Eduardo Lagos Herrera y Mario Andrés Vargas Cociña, acusados de soborno y lavado de activos. También están implicados el conservador de Bienes Raíces de Puente Alto, Sergio Rodrigo Yáber Lozano; el conservador de Bienes Raíces de Chillán, Yamil Abraham Anton Najle Alee; y el dueño de una casa de cambios, Harold Pizarro Iturrieta, todos ellos acusados de lavado de activos en su modalidad culposa.
Desde Codelco, se argumenta que la querella se basa en la presentación de antecedentes sólidos por parte del Ministerio Público durante la formalización de los abogados Vargas y Lagos, así como del contador Migueles Oteiza. En este sentido, la empresa estatal afirmó que “el relato de la Fiscalía en esa audiencia confirmó las sospechas que Codelco mantuvo desde el inicio respecto de la tramitación irregular de su demanda presentada contra el Consorcio Belaz Movitec”.
El documento presentado ante el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago sostiene que las irregularidades descritas por el Ministerio Público coinciden con las advertencias realizadas por Codelco desde 2023, las cuales llevaron a la empresa a desembolsar más de $17 mil millones en favor del consorcio.
La querella detalla un “patrón de comportamiento” en el que la exministra Vivanco habría intervenido de manera reiterada para acelerar resoluciones que favorecieran a CBM. Asimismo, se mencionan episodios que la Fiscalía considera cruciales para probar los delitos de cohecho y soborno, incluyendo una serie de depósitos en efectivo que recibió la pareja de la exministra, justo después de que Codelco realizara pagos significativos al consorcio.
Particularmente, el escrito describe cómo los pagos realizados por Movitec al estudio de Lagos y Vargas coincidieron con resoluciones desfavorables para Codelco, y cómo parte de esos fondos terminaron en la cuenta de Migueles a través de operaciones atribuidas a Yáber, Najle y Pizarro, destinadas a ocultar el origen de los fondos que la estatal considera ilícitos.
Con esta acción, Codelco busca participar activamente en la investigación, utilizando todas las facultades que la ley otorga a los querellantes, con el objetivo de que se determinen las responsabilidades penales por los delitos de cohecho agravado, soborno y lavado de activos, así como otros que puedan surgir durante el proceso. La querella fue declarada admisible en el día de hoy.
