Gendarmería de Chile ha presentado una denuncia ante el Ministerio Público para investigar amenazas dirigidas a su personal en la ex Penitenciaría de Santiago, tras el envío de dos coronas de flores al Centro de Detención Preventiva (CDP) Santiago Sur, destinadas al Mayor Muñoz y al Capitán Estrada, quien ya había recibido amenazas similares en septiembre.
El exdirector de Gendarmería, Claudio Martínez, ha indicado que la institución llevará a cabo una investigación interna para determinar si las amenazas provienen de los propios reclusos del establecimiento penitenciario. En este contexto, la investigadora en crimen organizado y seguridad, Pilar Lizana, ha señalado que estas acciones reflejan un escenario en el que el Estado no parece tener el control total de la situación.
Por su parte, Christian Alveal, también exdirector de Gendarmería, ha afirmado que las advertencias de los internos hacia el personal penitenciario son comunes, aunque han evolucionado hacia nuevas formas de manifestación. Alveal ha instado al Ministerio Público a actuar con rapidez en las investigaciones para evitar que los procesos se prolonguen innecesariamente.
En respuesta a las amenazas, Gendarmería ha activado de inmediato sus protocolos de seguridad, lo que ha incluido registros y allanamientos en dos módulos específicos del CDP Santiago Sur, así como otras diligencias investigativas. Posteriormente, la institución evaluará los antecedentes junto a la Oficina de Defensa Funcionaria para determinar las acciones legales a seguir.
La Asociación Nacional de Oficiales Penitenciarios (ANOP) ha expresado su rechazo a las amenazas de muerte contra los oficiales, subrayando que este tipo de amedrentamientos se ha vuelto habitual en el contexto del crimen organizado. La ANOP ha señalado que las amenazas coincidieron con un procedimiento de registro y allanamiento realizado el domingo en una galería habitada principalmente por internos narcotraficantes.
Según la asociación, la amenaza podría haber sido coordinada desde el interior del penal utilizando dispositivos de inhibición de señales telefónicas, lo que pone de manifiesto las serias falencias en el sistema de seguridad. Además, han criticado al ministro de Justicia y Derechos Humanos, Jaime Gajardo, por su aparente desconexión de la realidad que enfrentan los oficiales penitenciarios, quienes trabajan en condiciones de riesgo sin medidas adecuadas de protección.
La ANOP ha manifestado que las medidas anunciadas, como querellas y protocolos, no son suficientes y carecen de efectividad real en la protección de los oficiales y sus familias. También han dirigido críticas al presidente Gabriel Boric, señalando que han enviado oficios informando sobre la crisis en el sistema penitenciario, que incluye hacinamiento, falta de personal y un aumento en los riesgos, además de la reducción del 55% en los recursos asignados en la ley de presupuesto para 2026.
