El ministro de Justicia, Jaime Gajardo, aseguró que el Plan Nacional de Búsqueda no corre riesgo ante un posible cambio de gobierno, a menos que este nuevo gobierno carezca de un compromiso genuino con los derechos humanos. En una entrevista con Radio UChile, Gajardo enfatizó que el Estado está cumpliendo con sus responsabilidades y que la fuerza política que asuma el poder deberá reconocer la importancia de continuar la búsqueda de los miles de detenidos y desaparecidos que aún persisten como resultado de los crímenes cometidos durante la dictadura militar en Chile.
El ministro Gajardo afirmó que “no hay ninguna razón jurídica para que el Plan Nacional de Búsqueda no siga funcionando más allá de este Gobierno”. Destacó que este plan ha sido respaldado por el Congreso Nacional, que ha aprobado en dos ocasiones los presupuestos necesarios para su funcionamiento. Gajardo subrayó que se trata de una política de Estado, ya que no solo involucra al Poder Ejecutivo, sino también al Poder Judicial, que ha establecido una estructura para llevar a cabo las investigaciones judiciales relacionadas con la búsqueda de la verdad y la justicia.
El ministro explicó que el Plan Nacional de Búsqueda cuenta con una estructura que trasciende el gobierno actual, involucrando a otros poderes del Estado y a la sociedad civil. Mencionó la participación de universidades, que contribuyen tanto en el ámbito científico como en la gestión de archivos, así como la implicación de la Iglesia Católica a través del Comité de Seguimiento. Gajardo indicó que hay amplios sectores de la sociedad que consideran que la búsqueda de los desaparecidos es una obligación colectiva, tanto del Estado como de la sociedad en su conjunto.
En relación a las candidaturas que podrían cuestionar el plan, Gajardo reiteró que “en la ley de presupuesto van a estar los recursos para el funcionamiento del Plan Nacional de Búsqueda del próximo año”. Afirmó que no existe justificación alguna para que el futuro gobierno no continúe con este plan, a menos que carezca de un compromiso genuino con los derechos humanos.
Finalmente, Gajardo concluyó que el futuro gobierno deberá rendir cuentas a la ciudadanía y a las instituciones que participan en el Plan Nacional de Búsqueda sobre su postura respecto a este tema.
