Cinco funcionarios del Hospital Regional de Chillán han sido formalizados por el delito de cuasidelito de homicidio tras la muerte de una niña de 12 años que se precipitó desde el quinto piso del establecimiento médico. Este trágico incidente tuvo lugar el 26 de julio de 2023.
Según la información proporcionada por la fiscal jefe (s) de Chillán, Nadia Espinoza, la menor fue trasladada de una habitación sin ventana a otra que sí contaba con una, a pesar de que el personal médico era consciente de que la paciente presentaba un alto riesgo de fuga.
La niña logró escapar por una de las ventanas de la Unidad de Pediatría y, en su intento de huida, cayó desde el quinto piso del hospital, lo que le ocasionó un politraumatismo que resultó fatal.
Durante la audiencia de formalización, la fiscal Nadia Espinoza argumentó que la caída y posterior muerte de la menor fue “consecuencia directa de infracciones y omisiones del equipo médico y de enfermería de la Unidad de Pediatría”.
Espinoza destacó que el personal actuó con negligencia, al no implementar medidas preventivas básicas que les eran exigidas por sus cargos y reglamentos, a pesar de contar con información clínica clara y actualizada que advertía sobre el alto riesgo de fuga de la paciente. La fiscal enfatizó que “estas funcionarias de la salud no habrían tenido el cuidado suficiente con la menor”.
El Juzgado de Garantía ha prohibido la divulgación de los nombres de los formalizados, quienes han sido identificados únicamente por sus iniciales: F.I.A.L., médico pediatra; C.B.J.F., enfermera; C.N.L.B., enfermera; J.L.Q.R., técnico en enfermería; y A.C.C., enfermera supervisora.
Además, se encuentran en calidad de imputadas una médico psiquiatra y una técnico en enfermería, quienes no fueron formalizadas en esta ocasión debido a que no fueron notificadas por el tribunal. Ambas están programadas para ser formalizadas el 25 de noviembre.
En relación a las cinco personas que sí fueron formalizadas, la Fiscalía solicitó la prohibición de salir del país, pero esta petición no fue aceptada por el tribunal, que decidió no imponer medidas cautelares a las acusadas.
El Juzgado de Garantía de Chillán ha establecido un plazo de tres meses para la investigación, la cual está siendo llevada a cabo por la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigación.