Siete ex funcionarios de la Policía de Investigaciones (PDI) de Chile fueron detenidos y quedaron en prisión preventiva tras ser formalizados por múltiples delitos, incluyendo asociación criminal y tráfico ilícito de estupefacientes.
La detención se llevó a cabo en la jornada del miércoles, y los imputados fueron presentados ante el Primer Juzgado de Garantía de Santiago, donde se determinó que permanecerán en prisión durante 180 días mientras avanza la investigación. La decisión del tribunal se fundamentó en el riesgo que representa su libertad para la seguridad pública y el progreso de las indagatorias.
El caso ha sido calificado como “especialmente grave” por el ministro de Seguridad, Luis Cordero, quien destacó que los ex detectives de la Brigada de Investigación Criminal (Bicrim) de Puente Alto se habrían apropiado de elementos y drogas incautadas durante operativos policiales. Los delitos que se les imputan incluyen, además de los mencionados, malversación de caudales públicos, falsificación de instrumento público, contrabando, tenencia ilegal de armas y municiones, obstrucción a la investigación y receptación aduanera.
El fiscal Marcelo Soto indicó que la investigación ha durado un año y que aún quedan diligencias por realizar. La indagatoria se inició a raíz de un caso de contrabando de cigarrillos que vinculó a los ex funcionarios. Durante la detención, se realizaron hallazgos significativos tanto en la Bicrim como en los domicilios de los imputados.
El ministro Cordero subrayó la importancia de abordar la corrupción dentro de las instituciones del sistema de seguridad, afirmando que “las organizaciones criminales avanzan en la medida en que proliferan no solo sus negocios, sino también en su capacidad de penetrar en el Estado”. En este contexto, enfatizó la necesidad de una “tolerancia cero” hacia la corrupción y la importancia de actuar de manera decidida y transparente ante estos casos.
Este escándalo representa un duro golpe para la credibilidad de las instituciones de seguridad en Chile, y se espera que continúen las investigaciones para esclarecer la magnitud de las actividades delictivas en las que estaban involucrados los ex funcionarios.
