Han transcurrido más de cinco décadas desde que Bernarda Vera fue incluida en la lista oficial de detenidos desaparecidos durante el régimen de Augusto Pinochet. Su nombre se encuentra en el Informe Rettig como una de las 1.162 víctimas cuyo paradero sigue siendo un enigma. Recientes reportajes de Chilevisión y del sitio Reportea han afirmado que Vera podría estar viva y residiendo en Argentina, lo que plantea interrogantes sobre la gestión del Gobierno y el Plan Nacional de Búsqueda.
El Informe Rettig, en su Tomo III, documenta que Bernarda Vera, quien era profesora de primaria y militante del MIR (Movimiento de Izquierda Revolucionaria) y del Movimiento Campesino Revolucionario, fue detenida el 10 de octubre de 1973 en Trafún, en la región de Valdivia. Se presume que fue ejecutada junto a otros prisioneros en el puente Villarrica, sobre el río Toltén, y desde entonces ha sido considerada desaparecida.
Su hija ha buscado incansablemente a su madre durante décadas. El Estado ha reconocido a Bernarda Vera como víctima de violaciones a los Derechos Humanos, lo que ha permitido a su familia recibir reparaciones, incluyendo una pensión.
Sin embargo, la versión oficial sobre el destino de Bernarda Vera ha sido cuestionada por testimonios como el de José Bravo, un exmilitante del MIR, quien afirmó que Vera logró escapar hacia la montaña junto a un grupo de sobrevivientes liderados por el sueco Svante Grande, conocido como “Julio”. Parte de este grupo habría huido a Argentina y posteriormente a Suecia.
Documentos del Servicio de Migraciones sueco indican que en 1978 se le otorgó un visado y permiso de residencia a una mujer con la identidad de Bernarda Vera. En 1984, esta mujer obtuvo la nacionalidad sueca, lo que implicó la pérdida de su documentación chilena. Según los antecedentes, se estableció en Europa, tuvo hijos y años más tarde habría regresado a Argentina.
En 2024, periodistas de Chilevisión localizaron en Mar del Plata a una mujer llamada Bernarda Vera, cuya fecha de nacimiento coincide, aunque con un año diferente al registrado en Chile. Sin embargo, su propio hijo confirmó que se trata de la misma persona. “Ella siempre supo que este momento llegaría, pero no tiene miedo a nada”, declaró.
La propia Vera ha evitado hablar sobre su pasado, manifestando a través de su familia que solo desea vivir en paz. Este descubrimiento ha suscitado críticas hacia la gestión de las autoridades. El exjefe de la Brigada de DDHH de la PDI, Sandro Gaete, afirmó que el Plan Nacional de Búsqueda tenía conocimiento de esta información desde hace más de un año y medio, pero no se denunció de manera oportuna. Gaete incluso presentó su renuncia en medio de la controversia.
Al ser consultada por Chilevisión, la subsecretaria de Derechos Humanos, Daniela Quintanilla, sostuvo que la primera información “documental y concreta” fue recibida recién en mayo de 2025, coincidiendo con las investigaciones periodísticas. Sin embargo, Reportea reveló que la Cancillería ya había informado a las autoridades y a la familia en Chile un mes antes.
En medio de esta controversia, se ha dado a conocer que el ministro en visita y presidente de la Corte de Apelaciones de Temuco, Álvaro Mesa Latorre, ha abierto un cuaderno reservado para investigar lo sucedido y determinar si el Estado manejó la información de manera adecuada. Esta indagatoria será fundamental para esclarecer lo ocurrido, especialmente para determinar si las autoridades del Gobierno actuaron con la debida diligencia en el caso de Bernarda Vera.
