El sector público en Colombia se prepara para recibir el mayor aumento salarial en los últimos seis años, beneficiando a más de un millón de trabajadores del Gobierno. Este ajuste salarial incluirá un retroactivo del 7% desde enero de 2023, como resultado de un acuerdo alcanzado entre las centrales obreras y los sindicatos estatales.
El acuerdo, según Blu Radio, establece incrementos salariales significativos para los años venideros, que se calcularán en función del IPC más 1,8% para 2025 y IPC más 1,9% para 2026. Este ajuste representa una mejora considerable en las condiciones económicas de los empleados públicos, garantizando salarios que se ajusten a las variaciones de la inflación, además de un margen adicional. Este ajuste es parte de las negociaciones que se han llevado a cabo entre el Gobierno nacional y los representantes de los trabajadores estatales.
El presidente Gustavo Petro tiene programado presentar el 1 de mayo ante el Senado de la República las preguntas de una consulta popular. Se anticipa que sus bases de apoyo, junto con el movimiento sindical, participen en movilizaciones en apoyo a esta iniciativa. Esta estrategia pone de manifiesto la cercanía entre el Gobierno y los sectores sindicales, así como su intención de promover políticas laborales y sociales que beneficien a la mayoría.
El impacto del retroactivo del 7% se calcula considerando la inflación acumulada hasta 2023 y se presenta como un reconocimiento a los trabajadores estatales por el rezago que han sufrido en sus ingresos. Con este incremento, el Gobierno busca fortalecer la capacidad adquisitiva de este sector esencial para la administración pública.
El próximo 2 de mayo se oficializará un incremento salarial para los trabajadores estatales, el cual será el más significativo en términos de ajuste frente a la inflación en los últimos seis años. Este anuncio contará con la participación de los ministros del Trabajo, Antonio Sanguino, y de Hacienda, Germán Ávila. Aunque el aumento representa un avance importante, no alcanzó la propuesta inicial de la bancada sindical, que había solicitado un ajuste equivalente a la inflación más cinco puntos porcentuales.
El presupuesto nacional estima que el pago de la nómina pública será de $32,5 billones para 2025, cifra que se encuentra por debajo de los $35 billones de 2024. El historial de incrementos salariales refleja una política de ajustes que, aunque busca proteger el poder adquisitivo de los trabajadores estatales, ha sido objeto de críticas por parte de los sindicatos. Desde 2019, los aumentos han variado entre IPC más 1,32% y IPC más 1,9%, proyectado para 2029. Estos porcentajes, aunque superiores a la inflación, han sido considerados insuficientes por algunos sectores laborales, que argumentan que no compensan completamente el impacto económico que enfrentan los trabajadores.
Los incrementos salariales desde 2019 han sido los siguientes:
2019: IPC + 1,32%.
2020: IPC + 1,32%.
2021: IPC + 1,61%.
2022: IPC + 1,64%.
2023: IPC + 1,5%.
2024: IPC + 1,6%.
2025: IPC + 1,8%.
2026: IPC + 1,9%.
El contexto financiero del Gobierno ha sido un factor determinante en estas negociaciones. Las limitaciones presupuestarias han influido en la capacidad del Ejecutivo para responder a las demandas sindicales. A pesar de ello, el ajuste para 2024 representa un esfuerzo por parte de las autoridades para ofrecer un aumento más generoso en comparación con años anteriores.
Desde el inicio de las negociaciones, los sindicatos han señalado que su objetivo es obtener un incremento de IPC + 5%, equivalente al 10,2%, una cifra que dista considerablemente de la propuesta del Gobierno. La brecha de cuatro puntos porcentuales refleja la tensión entre ambas partes y enfoca el debate en las implicaciones fiscales de satisfacer las demandas de los casi 1,3 millones de empleados públicos afectados.
Además del porcentaje de aumento, el pliego sindical incluye una serie de solicitudes adicionales con alto impacto fiscal. Los sindicatos pretenden lograr, entre otros puntos:
La creación de una prima técnica del 40% sobre el salario básico.
El aumento de la bonificación por servicios al 50%.
Un incremento de cinco puntos en la prima de antigüedad.
Un decreto que unifique el pago de horas extras y recargos dominicales.
La presentación de un proyecto de ley para restablecer la retroactividad de las cesantías.
