Las autoridades del Colegio de Contadores, Economistas y Administradores del Uruguay (Cceau) han presentado una nueva propuesta para la reforma de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios (Cjppu), en el contexto del análisis del proyecto de ley que está siendo evaluado por una comisión especial de Diputados. Según lo informado por el diario El País, la institución propone que los profesionales que se han declarado en “no ejercicio” —lo que implica que no realizan aportes a la Caja— comiencen a realizar aportes a la entidad. “La institución tiene 110.000 profesionales que se declararon en no ejercicio. Por eso, planteamos que esos 110.000 comiencen a aportar, pero sin afectar su bolsillo, sino que parte de lo que la mayoría de ellos ya aportan a la AFAP se destine a la Caja”, detalló Cristina Freire, presidenta de Cceau.
Las autoridades del Colegio han señalado que esta medida permitiría a los profesionales dependientes realizar un aporte alternativo a la Caja a la que pertenecen —la Caja de Profesionales— y continuar su carrera dentro de esa institución si así lo desean, accediendo a los derechos que ello implica. Además, Freire indicó que, en el futuro, lo que el afiliado no perciba de renta por AFAP será compensado con una pasividad por la Caja Profesional. Para llevar a cabo esta propuesta, será necesario modificar ciertas normativas y acceder a información confidencial que actualmente solo manejan el Banco de Previsión Social (BPS) y la Caja de Profesionales, según lo indicado por el organismo. “Nos da la sensación que la idea cayó bien en la comisión y ahora deben estudiarla”, agregó Freire en declaraciones a El País.
Por otro lado, el Cceau también ha propuesto modificar el artículo 71, que regula el costo de los timbres profesionales. En lugar de fijarse en el promedio del Índice de Precios al Consumo (IPC) y el Índice Medio de Salarios (IMS), plantean que se calcule únicamente en función del IMS, tal como se ajustan las pasividades de la Caja.
En cuanto a los detalles del proyecto de ley de reforma, el mismo presentado por el Poder Ejecutivo propone un aumento del aporte para los profesionales activos, que pasaría del 18,5% al 22,5% del sueldo ficto correspondiente a su categoría, además de los gravámenes porcentuales que la Caja percibe por disposición legal. Para aquellos que obtengan la habilitación profesional este año, se mantendrá la escala de 10 categorías, mientras que para los que la consigan a partir del 1º de enero de 2026, habrá 15 categorías para evitar saltos bruscos entre ellas. Los pasivos también tendrán una contribución pecuniaria, donde la primera franja, que abarca de 0 a 6 Bases de Prestaciones y Contribuciones (BPC), no tendrá aporte previsto. La segunda franja, de entre 6 a 10 BPC, aportará un 2%. La tercera franja, de entre 10 y 15 BPC, pasará a un 7,5%; la siguiente, de entre 15 y 20 BPC, a un 10%, y la última, de 20 BPC en adelante, tendrá una tasa del 12%. La BPC para el año 2025 está fijada en $ 6.576, lo que genera un promedio de una tasa del 9%, que se traduce en un piso de ingresos de aproximadamente US$ 40 millones al año.
La inyección financiera del Estado está planteada de manera diferente. El proyecto de ley propone para el ejercicio 2025 una asistencia del Estado, a través de Rentas Generales, de $ 110 millones al mes, lo que totalizaría $ 1.320 millones al año, equivalentes a US$ 31,1 millones. Además, se complementa que a partir de enero de 2026, el aporte será equivalente a dos tercios (66%) del promedio mensual de lo recaudado por la contribución pecuniaria de los jubilados profesionales. Considerando el piso previsto de US$ 40 por el impuesto a los jubilados, la inyección estatal para 2026 se estimaría en US$ 26,4 millones. También se menciona que el Poder Ejecutivo podrá autorizar a la Caja de Profesionales a compensar estos fondos con otros tributos y recursos que la institución recauda en nombre del Estado, de acuerdo a lo que disponga la reglamentación.
