A un año de la orden de demolición emitida por la Corte de Apelaciones de Valparaíso, la toma Calicheros, situada en la comuna de Quilpué, se encuentra en un proceso que podría estar llegando a su fin. El Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) ha anunciado que, en colaboración con la mesa técnica establecida por la Delegación Presidencial Regional, se ha determinado que la ejecución de la medida de desalojo y demolición se llevará a cabo en septiembre.
Sin embargo, la familia de Alejandro Correa, un empresario que fue asesinado en 2020 cerca de su hogar en Concón y propietario de los terrenos donde se encuentra la toma, ha expresado que no ha recibido una notificación oficial por parte del Minvu. En este contexto, Jeanette Bruna, abogada de la familia de Correa, ha solicitado un documento oficial que detalle la medida decretada por el ministerio, con el objetivo de avanzar en otros trámites que les permitan prevenir una nueva ocupación ilegal de los terrenos.
Emitiendo un comentario sobre la situación, Bruna indicó: “No tenemos ninguna notificación oficial, por lo cual solicitamos al Minvu que se nos notifique el día y hora de la demolición para poder preparar los demás trámites anexos que impliquen proteger el terreno de cualquier nueva usurpación”.
Por su parte, Belén Paredes, seremi de Vivienda y Urbanismo en Valparaíso, ha adelantado que se están realizando las gestiones necesarias para llevar a cabo el desalojo y la demolición en las primeras semanas de septiembre. Paredes afirmó: “Estamos haciendo todas las acciones que nos corresponden para ejecutar la medida de la demolición. Esto supone que en el corto plazo vamos a hacerla efectiva, como nos ha ordenado la Corte”.
En un giro adicional a la situación, la alcaldesa de Quilpué, Carolina Corti, ha presentado una queja ante la Contraloría Regional de Valparaíso, acusando al Minvu de “eludir sus responsabilidades” en relación al desalojo de la toma Calicheros. Corti expresó: “Hemos recurrido nuevamente a la Contraloría Regional porque resulta inaceptable que no entreguen el catastro al Delegado Presidencial Provincial y pretendan que la Municipalidad de Quilpué asuma una tarea que corresponde al Ministerio de Vivienda desde hace mucho rato”. Además, la alcaldesa subrayó: “Es inadmisible que a más de un año de una sentencia firme de la Corte de Apelaciones, el Estado persista en eludir su obligación de ejecutar una demolición ordenada legalmente”.
