Con críticas al sistema de nombramientos del Poder Judicial y la fiscalización al interior de las instituciones públicas, el exfiscal Jefe de la Fiscalía Oriente de Alta Complejidad, Carlos Gajardo, conversa con BioBioChile sobre distintos desafíos que enfrenta el país. El expersecutor aborda el actual periodo de campañas políticas, advirtiendo que hay “populismo” en medidas que apuntan al cierre de las fronteras “sin mayor explicación”. También plantea la falta de confianza en el Poder Judicial como un problema de fondo. Apuntando al sistema de nombramientos, asegura que personas como Luis Hermosilla o Manuel Guerra terminan siendo “mocitos de personas con poder” a consecuencia del mismo. Respecto a las bulladas filtraciones en la justicia, dice que las críticas hacia ellas son “cínicas”, pues “solo se producen cuando estamos hablando de causas de cuello y corbata”. Finalmente, Gajardo señala que la Fiscalía Supraterritorial – recientemente promulgada – es un avance institucional importante, pero alerta: “Una fiscalía de este tipo dirigida por un fiscal como Manuel Guerra, por supuesto que sería más un problema que una solución”.
Populismo en campañas políticas
— Oficialmente empezaron las campañas políticas. En el marco de la carrera presidencial, ¿ha podido leer algo de los programas o escuchado propuestas de las y los candidatos? ¿Qué le llama la atención o echa en falta para atacar la corrupción y al crimen organizado? Yo diría que efectivamente, sobre todo el crimen organizado, ha sido una preocupación central de la ciudadanía porque se emparenta con lo que tiene que ver con la seguridad pública y esa es probablemente la preocupación más grande que tienen hoy día los chilenos. De lo que se ha visto en los debates, creo que cada candidato ha intentado establecer sus posturas y hay ideas que son interesantes y otras no tanto. En general, a mí me parece muy bien las propuestas que tienen por objeto fortalecer la persecución criminal, también aquello que tiene que ver con flexibilizar el secreto bancario y estoy de acuerdo también con que a los imputados condenados, como lo señaló José Antonio Kast, lo conveniente es que cumplan su pena privados de libertad antes de su expulsión. Creo que no es una buena medida que se expulse antes de que cumplan sus penas. Me parece que ahí hay medidas interesantes que han propuesto cada uno de los candidatos y habrá que ver cuando sean elegidos cómo las llevan en la práctica.
— ¿Y ve populismo en algunas medidas? Hay también populismo en las medidas. Cuando se habla, por ejemplo, de medidas como el cerrar las fronteras sin mayor explicación de en qué consiste aquello, o de volver a minar la frontera norte. Por supuesto que son expresiones más bien populistas, entendiendo por aquello que son medidas que no son posibles de ser llevadas a cabo, pero que intuitivamente pueden sonar bien para algunas personas.
— Recientemente, se realizó el lanzamiento de su libro “Somos tontos hasta las 12”. ¿Qué nos puede contar a grandes rasgos? Este libro es básicamente una crónica sobre lo que fueron mis 17 años en el Ministerio Público, que tuvieron su punto culmine con las investigaciones políticas de financiamiento de los casos Penta, SQM y Corpesca, que me correspondió descubrir e iniciar en la Fiscalía Oriente y la manera en que esos casos fueron terminando con la intervención del poder político, muy interesado en que esos casos no se investigaran profundamente. Y a partir de esa experiencia, es una reflexión de qué hacer para evitar que estas cosas sucedan en el futuro y no volvamos a cometer los mismos errores que se cometieron en aquella ocasión, donde yo creo que la confianza de la ciudadanía en el sistema judicial ha quedado muy comprometida.
Desafíos en el Poder Judicial según exfiscal Gajardo
— En ese contexto, ¿cuáles cree que son los grandes desafíos que enfrenta el sistema judicial en la materia? Usted ha sido crítico con los nombramientos, ¿cree que se debería reformar al respecto? Sin duda. Yo creo que el gran problema que tiene hoy día el sistema judicial -en su conjunto- es la falta de confianza que la ciudadanía expresa. Todas las encuestas que se han hecho en la última década son bastante consistentes en que alrededor de un 15% de las personas solamente confía en cómo funciona el sistema de justicia. Adicionalmente, encuestas que se han hecho post caso Hermosilla demuestran que más del 80% de las personas creen que los abogados -en general- actúan como el señor (Luis) Hermosilla. Entonces, por supuesto que las cifras son demoledoras respecto a la confianza en la institucionalidad del sistema judicial y eso es muy negativo para el comportamiento del mismo sistema porque las personas tienden, por lo tanto, a desatender al sistema, no concurrir a él e intentar arreglar los problemas por propia mano; todas conductas que son malas noticias finalmente para el funcionamiento de una sociedad.
— A su juicio, ¿es un problema institucional o más bien de las personas? Yo creo que es completamente un tema institucional. (Luis) Hermosilla o (Manuel) Guerra, que terminan siendo mocitos de intereses importantes, de personas con poder, son consecuencia del sistema que se diseña finalmente para que este no tenga suficiente autonomía e independencia. Por eso es muy importante lo que usted preguntaba, de que exista un sistema de nombramiento de las altas autoridades en el Poder Judicial y en el Ministerio Público que incentive el mérito como gran valor para poder acceder a estas posiciones. Hoy día lo que el sistema incentiva es el “besamanos”, el “amiguisimo”, la influencia política y todo eso lo que termina generando es un sistema con mayores niveles de mediocridad.
— ¿Qué tipo de incentivos? ¿Poder? Efectivamente, porque cuando el sistema comienza a dar la señal que las personas que van a ser nombradas en los altos cargos, básicamente su mérito tiene que ver con su cercanía al poder, con que son personas contactadas con el poder, la señal que se está dando es que tienes que tener esa actitud para lograr ascender en el sistema y eso genera la consecuencia negativa. Creo que lo que se termina perdiendo es el mérito. No importa cuán buenas son tus investigaciones, no importa cuán buenos son tus fallos, sino lo que importa es cuánta cercanía tienes con las personas que van a decidir finalmente respecto a tu nombramiento. Y eso obviamente es deficiente para el sistema.
— ¿Cree que son necesarias las filtraciones? Finalmente, sin estas hay muchos casos que no se hubiesen conocido. Algunos incluso terminaron con jueces destituidos, recientemente pasó con la ministra Verónica Sabaj, por ejemplo. ¿Son necesarias? ¿Hasta qué punto? Yo distinguiría. Son muy importantes, me parece a mí, las investigaciones periodísticas. En el caso de Hermosilla, más que con una filtración, parte con una investigación periodística de Ciper que le llega este audio y que hace explotar el caso. Y luego, efectivamente, muchas de estas investigaciones se van conociendo como lo que se llama filtraciones, pero a mí me parece que son sucesos inevitables cuando una investigación se pone en conocimiento de los intervinientes. Me parece que muchas veces los alegatos en contra de las filtraciones son bastante cínicos porque solo se producen cuando estamos hablando de causas de cuello y corbata, pero cuando son investigaciones que afectan al Tren de Aragua, o a una banda que trafica drogas y todos esos antecedentes se conocen públicamente, se hacen programas de televisión donde se muestran imágenes incluso, nadie reclama. Entonces, me parece que el tema de las filtraciones es una crítica que exacerba la crítica a la Fiscalía solo cuando se trata de causas de cuello y corbata, y que mientras no perjudiquen el éxito de la investigación, a mí no me parece que sea negativo.
Narcotráfico en instituciones y corrupción
— Recientemente, hemos visto diferentes casos de droga vinculada a instituciones, como en la FACh y el caso de un funcionario de la PDI. Según su experiencia y su perspectiva, ¿hasta qué punto las organizaciones criminales han permeado las instituciones de seguridad? ¿Considera que la Fiscalía está expuesta o podría estar ya comprometida? Desde el mes de mayo tuvimos sucesivamente diversas causas en que aparecieron comprometidos funcionarios de Carabineros o de las Fuerzas Armadas. Posteriormente, los funcionarios del Ejército detenidos en un tráfico importante de droga desde el norte hacia Santiago y luego el tráfico de ketamina, donde se detiene también a cinco funcionarios de la FACh. Entonces, son demasiados casos en poco tiempo y no de una persona, sino que de varias al interior de las instituciones que por supuesto alertan porque dan cuenta que cooptar a personas dentro de estas instituciones parece ser un fenómeno más recurrente y no tan difícil como debiera serlo. Y eso hace un llamado a reforzar las políticas, sobre todo de prevención y de control, sin perjuicio de que, por supuesto, estos hechos tienen que ser investigados y sancionados. La Fiscalía tampoco está exenta de estas situaciones y hemos tenido casos en distintos lugares en que se ha removido o formalizado fiscales por sus vínculos con personas que se dedican a este tipo de delitos (…) todo eso es un llamado de atención para que, sobre todo los mecanismos de prevención, funcionen mejor y rápidamente antes de que se produzcan este tipo de actividades. Por supuesto, una vez que se producen tienen que ser investigadas y sancionadas, pero lo ideal es que no se produjeran.
— La corrupción es algo que incluso ha alcanzado a funcionarios públicos, como revela un reciente caso en Arica. ¿Qué tan incorruptibles cree que pueden ser nuestras instituciones? ¿Funcionan los mecanismos de control al interior de los servicios públicos? Siempre es posible mejorarlos, ahí hay espacio para que tengamos mecanismos de prevención mejores, para que haya alertas más tempranas. En eso creo yo que tener un sistema de alerta vinculada al revelamiento del secreto bancario más expedito por instituciones administrativas como la Unidad de Análisis Financiero u otras, sería de gran ayuda. Comparativamente, si uno hace el ranking, Chile sigue apareciendo como un país poco corrupto en el concierto latinoamericano, junto a Uruguay y otros que están mejor posicionados, y a bastante distancia de otros países fronterizos como Argentina, Perú u otros como Colombia, México. Ese hecho no nos debe hacernos dormir en los laureles, pero es evidente que la corrupción, por el alto volumen de dinero que permite financiar una actividad ilícita, hace que los funcionarios públicos estén efectivamente en riesgo y, en eso, el Estado no debe descansar en mecanismos de fiscalización de prevención y también, por supuesto, de castigo cuando son descubiertos.
— O sea, para contrarrestar esa problemática deberían reforzar los mecanismos de prevención. Sin duda, al interior de las mismas instituciones, la Contraloría y los mecanismos de inteligencia financiera, muy vinculados hoy día en Chile a lo que es la Unidad de Análisis Financiero.
Crisis de seguridad y nueva Fiscalía Supraterritorial
— Hay un claro diagnóstico de la crisis de seguridad que enfrenta nuestro país, con delitos cada vez más violentos, más sanguinarios. ¿Por qué cree que no hemos podido detener el avance del poder de fuego de las organizaciones criminales? Yo diría que este aumento de los delitos graves en la última década, que se manifiesta muy crudamente con el aumento de los homicidios, cuya tasa básicamente se ha duplicado en estos años, atiende y está muy vinculado a una inmigración que ha sido muy descontrolada, donde ingresan personas que vienen a hacer un buen servicio al país y un aporte, pero también un número muy importante de personas que viene a delinquir. Ese fenómeno no fue contrarrestado eficientemente a tiempo, tardíamente se comenzaron a tomar políticas que impidieran el ingreso masivo y descontrolado de personas, sobre todo provenientes de Venezuela, y que ha traído un cambio importante en el comportamiento de los delincuentes más agresivos. Y eso ha llevado a un aumento importante de delitos de homicidio, pero también de otros como secuestro y extorsión. A esta altura lo que corresponde es reforzar todo lo que tiene que ver con esos mecanismos de prevención, pero también de investigación y castigo finalmente de esas conductas. Por eso creo importante reforzar más de lo que se ha hecho hasta ahora las instituciones a cargo de estos temas, que son las policías, el Ministerio Público y un reforzamiento también de todo aquello que tiene que ver con Gendarmería, para que una vez detenidas y puestas en prisión estas personas no sigan cometiendo delitos ni concertándose al interior de las cárceles.
— Finalmente, el presidente Boric promulgó la Fiscalía Supraterritorial. ¿Cuál es su opinión sobre eso? ¿Cree que aporta para contrarrestar este tipo de problemáticas? Sin duda, esta es una iniciativa largamente pedida desde el Ministerio Público, había un proyecto que -incluso- había sido aprobado en el Senado en el año 2014, de crear una Fiscalía Supraterritorial para casos complejos. Después, probablemente por lo que sucedió con las investigaciones políticas, esa iniciativa estuvo congelada durante largo tiempo en el Parlamento. Hoy día, finalmente, ha visto la luz, pero como toda herramienta es una herramienta que puede utilizarse bien o mal. Por supuesto que tener una fiscalía que tenga competencia territorial en todo el país para estos casos más complejos y, por lo tanto, que va a tener mayores recursos para investigar, es una buena noticia, pero puesta en manos que no sean suficientemente probas y diligentes va a ser un problema. Le pongo un ejemplo, una fiscalía de este tipo dirigida por un fiscal como Manuel Guerra, por supuesto que sería más un problema que una solución. Entonces, hay un avance institucional importante, pero creo que eso tiene que ir reforzado con la elección de las personas adecuadas para su dirección y con los contrapesos necesarios para que se ejerza adecuadamente.
